Acontecer político José Luis Camacho Vargas Ni impunidad ni excesos con Peña Nieto

Opinión / Columna

Acontecer político  José Luis Camacho Vargas  Ni impunidad ni excesos con Peña Nieto Organización Editorial Mexicana 21 de abril de 2013

 

Un abrazo solidario a Yuri Espinoza Galindo



Ensuciar la imagen de cualquier persona puede llevar segundos, limpiarla siglos.

 De acuerdo con los resultados que hasta el viernes pasado se tenían de los 126 mil 498 mexicanos que habían participado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (www.pnd.gob.mx), la mayor exigencia social en materia de seguridad es el fin de la impunidad, la cual en los hechos representa el principal obstáculo para que el estado de derecho sea una realidad plena en un país cuyo potencial de crecimiento y desarrollo no ha llegado si quiera a la mitad de su capacidad.

A ello se refería el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado martes cuando en Monterrey advirtió que la presencia del crimen organizado en distintos puntos del territorio nacional no puede seguir siendo motivo para que delincuentes de poca monta pretendan dañar la integridad y el patrimonio de los mexicanos y con ello, acrecentar el clima de inseguridad. Y es que "a río revuelto ganancia de pescadores", dicho que ejemplifica lo sucedido en México entre los años 2006 y 2012 cuando la tragedia de la muerte enlutó a miles de familias. En 2007 en nuestro país sucedían 8.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2012 aumentó a 24.

Ante esta realidad, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha centrado la política pública de seguridad y justicia en devolver la paz a los mexicanos. Y para ello, no hay mejor principio que aplicar la ley de forma imparcial y objetiva y llevar la justicia a quienes ayer se les negó.

Por ello, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha hecho hincapié en la urgencia de rediseñar una figura que se pervirtió y de la que se abusó sin medida en el pasado: el arraigo. Con ese objetivo es que el PRI en la Cámara de Diputados que lidera Manlio Fabio Beltrones Rivera ha propuesto que esta figura contemplada en el artículo 16 constitucional sea reformada para hacer valer los derechos de quienes son privados de su libertad y garantizar la eficacia de las instituciones de procuración de justicia. Para ello, el arraigo se reducirá.

Asimismo, la Ley General de Víctimas que el anterior Poder Ejecutivo se negó a sancionar y publicar en el Diario Oficial de la Federación ya es una realidad, con lo que el Estado mexicano asume plena responsabilidad de sus actos y omisiones y crea mayores herramientas para que sus mandantes puedan hacer valer sus derechos frente a los actos de autoridad.

Y es que resulta insostenible exigir a un grupo criminal que pague sus cuentas ante la justicia cuando el propio gobierno no respeta el marco jurídico. Y ello le sucedió al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, de quien ahora se ha puesto en duda si realmente pretendió llevar a cabo una "guerra contra la delincuencia organizada" o si se trató tan sólo de una puesta en escena de sus colaboradores más cercanos, utilizándola para quitar del camino a contrincantes y enrareciendo con ello el ambiente social que se saldó con el alto e impagable costo del fallecimiento de 90 mil seres humanos y casi 50 mil desparecidos.

El principio fundamental de cualquier régimen democrático es la subordinación a la ley y no a intereses particulares por legítimos que éstos sean y cuya consecución puede implicar quebrantar el mismo orden que es común a todos los habitantes de un determinado territorio. Hacer esto último implica perder la cabeza y convertirse en un delincuente más, con el agravante que se hace desde el poder público.

Ante esta realidad, durante los primeros 140 días de su gobierno el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido que poner orden en las instituciones que durante los años pasados pareciera que se pretendió desmantelar y convertirlas en oficialía de parte de Los Pinos con fines políticos. Ello lo demuestran los casos del ex titular de la SIEDO Noé Ramírez Mandujano y del Gral. Tomás Ángeles Dauahare, quienes fueron privados de su libertad sin mayores pruebas que los dichos de un delincuente que se convirtió en testigo protegido de las autoridades, las cuales también pusieron de su parte al fabricar pruebas para inculparlos.

Detener y encarcelar a quien se ha caracterizado por ser un buen servidor público, leal soldado y fiel servidor de la Nación con base en dichos de delincuentes es el absurdo más ingrato que puede hacérsele a un hombre honesto. Y de ello puede hablar el hoy ciudadano libre Tomás Ángeles Dauahare.

Y qué decir del caso de la secuestradora Florence Cassez Crepin cuya violación al procedimiento legal le ha valido ser puesta en libertad.

Ante estos hechos, una de las instituciones del Estado mexicano como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya ha presentado la denuncia correspondiente para sancionar a los servidores públicos que utilizaron facciosamente la procuración de justicia.

Tales acciones apegadas a derecho han sido posibles no sólo gracias a las acciones de Estado del nuevo gobierno federal, sino también del Poder Judicial de la Federación, aquél que el otrora presidente fustigaba y descalificaba en cuanta oportunidad se le presentaba. El tiempo le ha dado la razón al Ministro Presidente Juan Silva Meza frente a la cerrazón y obcecación.

Pero la historia no acaba ahí. Pareciera que en la ruta de la difamación y del rumor apuntan los señalamientos del PAN sobre la presunta utilización de programas sociales con fines electorales en Veracruz; después de todo, de la infamia sin sustento algo se puede sacar, aunque sea unos cuantos votos en la tierra que gobierna Javier Duarte de Ochoa.

Insistir en el error ha llevado a los panistas al precipicio y no se visualiza quién pueda devolver a ese partido a su origen.

camachovargas@prodigy.net.mx

Twitter: @jlcamachov