CAMALEÓN
Patología social y política.
El tema de actualidad en México habla del
enjuiciamiento o de la fuga de políticos que habiéndose desempeñado en el
servicio público desviaron dinero del erario para beneficio personal, familiar
y de grupo. Sería injustificable pasar por alto la crisis de credibilidad que
padeció el presidente Peña Nieto y su Secretario de Hacienda por la adquisición
de casas mediante componendas que señalan indebidas transacciones en base al
poder político, lo que implica corrupción. También sería inexcusable olvidar
que esta patología social la padecemos
desde siglos atrás, que no es nueva y que ha habido al menos en apariencia
múltiples intentos de combatirla, aunque
con magros resultados.
Cualquier contemporáneo que observe el
comportamiento de los gobernadores de Veracruz (Duarte de Ochoa), Chihuahua
(Guillermo Padrés), Quintana Roo (Roberto Borges), y de los ex gobernadores de
Nuevo León (Rodrigo Medina), Coahuila (Humberto Moreira), Tabasco (Andrés
Granier), Veracruz (Fidel Herrera), Chiapas (Salazar Mendiguchia) etc., podría
llegar a la conclusión que integran una generación de malos gobernadores porque
sus corruptelas son espontáneas muestras de nuestros tiempos, pero esa
percepción sería errónea, o al menos pecaría de conclusión precipitada sin
reflexionar que deriva de un problema estructural cuya duración incluye decenas
de años.
Vale entender que ahora estamos afrontando
con verdadero denuedo la lucha contra la corrupción porque contamos con
elementos que antaño no existían: entre ellos están la alternancia y la
transición políticas, es decir relevos en el poder en los que participan
actores de opinión contraria al antecesor, y vamos camino a reformas
estructurales del Sistema Político Mexicano en una evolución paulatina. También
es conveniente precisar que la revisión del sistema ha sido un proceso no
iniciado ahora pues deviene por lo menos desde la última década del siglo XX
mexicano.
Por supuesto, toda acción para el cambio
conlleva una reacción de resistencia para evitarlo, así surge la partidocracia
que a través del Congreso General y de los estaduales reduce el efecto por el
que fueron creadas esas instituciones. Así se ha operado en el caso de
Contralorías a modo, de Órganos de fiscalización con titulares que actúan en
complicidad con el poder político, de Órganos electorales con consejeros designados
por negociación política entre los partidos, etc., condición que la presión
ciudadana ha venido combatiendo con relativo éxito, aunque no con la celeridad
deseada.
Pero es incuestionable que estamos inmersos
en un proceso de transición política que autoriza a la ciudadanía y actores
políticos interpelar abiertamente a sus autoridades; el perfeccionamiento de la
alternancia permite desnudar los vicios de las autoridades precedentes. Otro
factor de importancia lo conforman instituciones que poco a poco han asumido su
rol de instancias revisoras, la Auditoría Superior de la Federación, por
ejemplo.
Pudiéramos asegurar que en otros tiempos han
existido gobernadores corruptos, pero ahora la ciudadanía es más participativa,
está mejor enterada y ha tomado mayor conciencia de su fuerza, porque ahora los
votos sí cuentan y se cuentan, valga el lugar común. Tal fenómeno lo podemos
corroborar en la aldea jarocha, en cada municipio, Xalapa por ejemplo, en donde
en 2015 se castigó con votos a quién defraudó la confianza ciudadana; así se
comprobó también en la entidad implantando la alternancia.
No es deseable el tránsito
de ser gobernador a convertirse en un prófugo de la justicia, y por añadidura
en el malo de la película ante una sociedad defraudada porque no se le cumplió
lo ofrecido, ni íbamos bien ni llegó lo mejor, sino todo lo contrario. Javier
Duarte de Ochoa pasó en el corto lapso de seis años de ser la promesa del
“nuevo PRI” a la bochornosa expulsión de las filas de ese partido; de un
gobernador que solicitó licencia para “limpiar mi nombre y el de mi familia” a
la lamentable condición de prófugo de la justicia. Nada hay en el escenario que
lo exculpe, tampoco sus amigos o cómplices alzan la voz para defenderlo, es un
fugitivo social al que la ley reclama. Triste transitar de la opulencia
añorada, que al final fue la causa de su defenestración, al cadalso en el que
todos quisieran verlo.
Durante la transición se ha
venido construyendo el andamiaje que permitirá culminar una efectiva estrategia
contra la corrupción; para alcanzarla se ha creado el Sistema Nacional
Anticorrupción integrado por siete órganos públicos: la Función Pública, que sustituyó
a la Contraloría, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(Inai), el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura
Federal, la Fiscalía especializada en delitos de corrupción y la sociedad
civil. El reto será conservar su autonomía, siempre y cuando la partidocracia,
las negociaciones políticas no encuentren la manera de cooptar a sus titulares,
como ocurre en Veracruz, por ejemplo, en donde el Orfis se ha puesto a
disposición de la cabeza del poder y la Contraloría carece de la autonomía
necesaria para operar eficientemente y no como cómplice del gobierno como hasta
ahora lo ha sido. ¿Cuántos pagarán los trastes rotos?
29-octubre-2016
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